A continuación se muestran tres noticias para entender cómo fue la crisis económica más importante que ha tenido Colombia en su historia.
Las crisis forjan la historia de los países tanto como los auges económicos. Colombia ha enfrentado varias de las más duras circunstancias económicas en estas dos décadas. Una mirada a las lecciones que dejaron esos momentos de dificultad.
Por La Revista Dinero 18 agosto 2016
A Colombia le ha tocado lidiar en el último cuarto de siglo con crisis de todo tipo: fiscal, financiera, del mercado de valores o hipotecarias.
Todo ello ha impactado negativamente el bienestar de la población, pero también ha dejado enormes lecciones sobre cómo enfrentar los problemas. Esta es una mirada crítica a varios de esos episodios que marcaron la historia económica del país.
La primera gran crisis que tuvo que enfrentar el país se precipitó por cuenta del fin del pacto cafetero, en 1989, que llevó al principal producto de exportación colombiano a su más profunda crisis. La liberalización mundial de este mercado, dominado hasta entonces por un cartel que mantuvo restringida la oferta para sostener los precios altos del producto, puso en evidencia que el país no se había preparado para enfrentar esas nuevas circunstancias.
El efecto de la liberalización fue la caída de los precios a niveles que hicieron insostenible la vida para muchos cafeteros, quienes cayeron en la pobreza.
Lo que puede resultar más frustrante es que, aún hoy, más de 25 años después, el país sigue discutiendo el futuro de la caficultura. Las continuas crisis fiscales del Estado, que afectaron las ayudas para los caficultores, así como el cambio climático, que golpeó la productividad de los cafetales, ha sido una mezcla letal que mantiene en vilo a estos productores.
Esto es lo que explica que los caficultores, representados por el movimiento de Dignidad Cafetera, hayan venido impulsandoprotestas en los últimos años para buscar reivindicaciones justas, pues su situación de vulnerabilidad se ha venido complicando. Desafortunadamente el futuro de uno de los sectores tradicionales del agro y las exportaciones colombianas sigue en vilo, pues aún hoy se está pensando cuál es la reforma necesaria para que este sector vuelva a la prosperidad.
En 1999 se precipitó la mayor crisis económica que haya sufrido el país en su historia, con una caída en su producto interno bruto cercana a 4,5%. Esto originó enormes problemas con el sector financiero que tuvo que ser reestructurado. Bancos vendidos –como Bancafé y Banco del Estado– o intervenidos –como Granahorrar–, hogares que entraron en condición de pobreza pues no tuvieron cómo seguir pagando las elevadas cuotas del crédito hipotecario y entidades públicas sobreendeudadas fueron los actores de este drama.
Lo positivo es que el país aprendió la lección y, gracias a un sistema de reacción liderado por el Fogafín, la Superintendencia Financiera y el Banco de la República, se contuvo el tamaño de la crisis y se salvó el sistema financiero. Aun así, el país tiene que seguir vigilante, pues el sistema financiero tuvo una transformación en estas dos décadas que significó, primero, consolidaciones que llevaron el número de entidades de 138 que había en 1995 a menos de 50 actualmente. Además, la banca colombiana ha aumentado su presencia en mercados internacionales, lo que la hace más sólida, aunque ahora vulnerable también a las movidas no sólo del mercado local, sino también de otros como el centroamericano. La crisis financiera de finales del siglo es un episodio que el país no puede repetir y, por eso, es necesario mantener las alertas frente a todos los indicadores del sector.
Una de las facetas más complejas de la crisis económica de fin de siglo fue la pérdida en los hogares colombianos por cuenta de la debacle hipotecaria. Según los cálculos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), la crisis hipotecaria le costó al país 2 puntos del PIB, que es inferior a la que se ha registrado en otros países, pero importante si se tiene en cuenta el impacto social por la cantidad de personas a las que la pérdida de su vivienda mandó a la pobreza.
De acuerdo con este centro de estudios, lo que nos heredó tal crisis fue el impuesto del 4 x 1.000; el miedo a endeudarse para adquirir vivienda, lo que afectó la bancarización y, finalmente, una tradición de fallos judiciales con profundo calado acerca de temas económicos.
Actualmente el sector hipotecario apenas está empezando a reaccionar, impulsado por una agresiva política de subsidios que busca ofrecerles soluciones de vivienda a las personas de escasos recursos. La pregunta que queda en el aire es qué tan sostenible es esta política, cuando el país está enfrentando enormes dificultades fiscales. Es necesario normalizar las condiciones de mercado para que el sector hipotecario vuelva a mostrar el auge del que disfrutó en la década de los 70 y los 80.
La apertura económica, que facilitó la llegada de productos agrícolas importados con un alto componente de subsidio en sus países de origen y la ausencia de una política exitosa de tierras y desarrollo agrícola explican la enorme postración que ha sufrido el campo colombiano.
Las recientes movilizaciones campesinas son muestra de que en este frente el país no ha logrado encontrar soluciones de fondo. Al año, Colombia importa casi 11 millones de toneladas de alimentos, por los muchos sectores que dejaron de ser rentables.
Con la firma del proceso de paz y la consolidación de una reforma agraria de fondo, que implica la creación de un gran fondo de tierras y la modernización del catastro, se espera que el país inicie una reforma estructural en uno de los sectores clave para el futuro de cualquier nación: su agricultura.
El mercado de valores de Colombia también enfrentó crisis durante estos años. En buena medida esto se explica por la poca profundidad que tiene esta actividad, pues siguen siendo muy pocos los empresarios que deciden financiarse a través de la emisión de acciones o bonos.
El primer episodio clave fue la crisis de los TES, originada en agosto de 2002, cuando por cuenta de un aumento en las tasas de interés, varios actores del mercado necesitaron de ayudas extraordinarias de liquidez.
Seis años después se empezó a ‘cocinar’ otra crisis, cuando el fenómeno de las pirámides se disparó. El caso más emblemático fue el de DMG, un esquema de captación tipo Ponzi, que llegó a tener dimensión nacional. El Gobierno intervino para impedir que el fenómeno creciera aún más.
En noviembre de 2012 explotó el caso de Interbolsa, la más grande firma de valores de Colombia, que por poco se lleva por delante a todo el sistema de inversión en el mercado de capitales. Las apuestas arriesgadas en mecanismos de repo con acciones por poco tumban toda la estantería.
Actualmente el país está enfrentando un nuevo fenómeno con el caso de las libranzas, formas de crédito que son titularizadas para abrirse campo en el mercado secundario. Sin embargo, los malos manejos y las malas decisiones de inversión han generado un riesgo importante, razón por la cual, autoridades –como la Superintendencia de Sociedades– han tenido que intervenir.
La aparición de esta clase de fenómenos demuestra que el país no ha logrado ‘vacunarse’ contra las malas prácticas en materia de inversión.
En 1999, el país experimentó un desequilibrio financiero y fiscal que desembocó en una caída del PIB del 4,2%.
Por El Portafolio 18 marzo 2019
A finales del siglo pasado Colombia experimentó la peor caída económica en la historia reciente del país. En 1999 el Producto Interno Bruto (PIB) se desplomó 4,2 por ciento, un mal año que dejó un sistema financiero más conservador, un estatuto regulatorio para el crédito de vivienda y cambios en la política monetaria
El desequilibrio económico se empezó a originar a principios de 1991 con un gran apetito por el crédito y un ‘boom’ de entidades financieras dispuestas a satisfacer las necesidades de los colombianos.
En el país llegaron a existir alrededor de 200 firmas dedicadas a la intermediación financiera, muchas organizadas sin el suficiente respaldo y conocimiento del negocio.
Así mismo, un proceso de liberalización financiera que dio lugar a un aumento de la deuda externa privada en 10 puntos del PIB, hecho que llevó a los que no tenían acceso al crédito externo a buscarlo en el mercado local.
La deuda pública también se expandió fuertemente y los inversionistas empezaron a hacer operaciones de alto riesgo gobernados por el aumento del precio de la vivienda, que crecía hasta un 50 por ciento anual.
La confianza estaba puesta en que la tasa de interés se mantendría dentro de los parámetros de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (Upac), que era usada para calcular el costo de algunos de los créditos de vivienda y que crecía de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
No obstante, como en 1989 el gobierno de Virgilio Barco había emitido un decreto que liberaba las tasas de interés a los bancos para competir por el ahorro, estos empiezan a invadir el territorio de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda (CAV), que nacieron con el Upac y que a su vez entraron a transacciones diferentes a las de vivienda.
Frente a este panorama, la junta directiva del Banco de la República en 1994 analiza la correlación en la tasa DTF, que es la tasa de interés que en promedio se comprometen a pagar los bancos a los ahorradores, y la inflación para controlar el riesgo de pérdidas en las entidades bancarias con carteras muy grandes por el alto volumen de préstamos otorgados.
En ese sentido, la junta del Emisor determinó que el valor en pesos de la Upac equivaldría al 74 por ciento de la tasa DTF.
En términos históricos no mostraba que pudiera generar algún sobresalto y se veía bueno desde las CAV, pero desde el punto de vista de los deudores hipotecarios era indexarles más al costo de los créditos hipotecarios.
Adicionalmente, desde 1997 venían unas situaciones de orden externo que hacían que la DTF sobrepasará amplíamente el índice de precios al consumidor.
Como consecuencia, se generó un crecimiento importante de la Upac y del valor de los créditos que con esa referencia se habían emitido. En otras palabras, subieron las cuotas mensuales que se debían pagar por ellos, que desembocaron en la dificultad de la gente para atender sus obligaciones.
Para este año, Colombia acababa de terminar un ciclo expansivo de la construcción y los bancos habían llegado, en ese afán por competir, a niveles de financiación más altos de los tradicionales.
En el entorno internacional estalló la crisis económica asiática que se prolongó y profundizó más de lo esperado. También tuvo alcances geográficos mayores a los proyectados con contagio financiero en Rusia y Brasil en 1998, causando fugas de capital, contracción de los agregados monetarios y aumentos sustanciales de las tasas de interés en la región y el país.
Por El Portafolio 18 marzo 2019
En la crisis económica del país quienes habían financiado sus casas a través de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda (CAV) llevaron la peor parte.
Dos hechos marcaron el gobierno del expresidente Andrés Pastrana: los diálogos de paz que emprendió con las Farc y la crisis económica que tuvo que capotear. Tal vez, por el primero no hubo una dimensión absoluta en el país de la debacle financiera del momento y quizás por esa misma razón no fue peor.
En la crisis, quienes habían financiado sus casas a través de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda (CAV) llevaron la peor parte. El crecimiento desmesurado en la tasa DTF, que el Banco de la República había atado a la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (Upac), desembocó en el atraso de los pagos de los deudores y la pérdida de sus inmuebles.
"El Banco de la República tuvo que abrir varios frentes de trabajo, como controlar la liquidez para que no se desangrara la economía, evitar la fuga de capitales y la pérdida de reservas internacionales, además, entró a negociar un plan de rescate con el Fondo Monetario Internacional", recuerda Salomón Kalmanovitz, quien para la época fue codirector de la entidad.
A finales de 1998, se calculó que los bancos recibieron como pago de las deudas más de 800.000 millones de pesos en inmuebles, mientras que se estimaba que había un billón de pesos de créditos vencidos por préstamos de consumo.
Este hecho agravó la crisis, pues el negocio de los bancos no era el de la vivienda y al recibir los bienes como forma de pago también adquirieron la responsabilidad de su manutención, un gasto adicional que no llegaba en un buen momento.
En los primeros nueve meses de ese año la banca perdió 79.000 millones de pesos. El exministro de Hacienda y también codirector del Emisor para ese tiempo, Roberto Junguito, señala que la crisis le costó al país en 1999 cerca del 6 por ciento del Producto Interno Bruto. “En Colombia se nos presentaron muchas crisis, no solamente de las CAV, sino de todos los bancos y del sector financiero del mismo”, dice.
Junguito además cuenta que a la crisis financiera se sumó una cambiaria, “no se pudieron sostener las bandas cambiarias y a finales de 1999 tuvimos que entrar a adoptar el régimen de tasas de cambio flexible".
Ese año fue intervenida Granahorrar, una de las CAV más importantes del país y la primera entidad que había nacido bajo el sistema Upac en 1972 durante el mandato del expresidente Misael Pastrana. 27 años después sería su hijo Andrés Pastrana, como Jefe de Estado, quien tendría que lidiar con lo que nació como un mecanismo para aliviar en parte la extrema pobreza del campo colombiano.
Para evitar un efecto dominó y los retiros masivos de los depósitos por la crisis, el Gobierno empezó a adelantar operaciones de salvamento y para eso se apoyó en el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafin).
En el caso de Granahorrar, le inyectó más de 200.000 millones de pesos para evitar su liquidación, no obstante, desapareció. Fogafin también acudió al rescate de la Caja Agraria con el aporte de 187.000 millones de pesos, del Banco Uconal al cual le suministró 30.000 millones de pesos y desembolsó 32.690 millones para apoyar a Colvalores, Financorp, Leasing Capital y Trasleasing, entre otros.
Pese a los esfuerzos, en los meses siguientes desparecieron la Caja Agraria, los bancos Central Hipotecario, del Estado, Arfín, Andino, del Pacífico y otras instituciones como la financiera comercial Bermúdez y Valenzuela y la Corporación Financiera del Pacífico, además de varios organismos cooperativos de ahorro y crédito.
Al final de 1999 la recesión había llevado a un desempleo del 20%, restado al PIB del país 4,2% y generado una inflación que rondaba el 9%.
Por esta época hace 20 años, Colombia vivía una situación financiera dramática que la llevó a decretar una emergencia económica. El costo de la crisis fue estimado en $12,3 billones. El PIB cayó más de 4%.
Por La Revista Dinero 30 agosto 2018
Parece que fuera ayer, pero han pasado 20 años. El equipo liderado por Juan Camilo Restrepo, ministro de Hacienda de la época, todavía siente vértigo al recordar el cúmulo de incendios simultáneos apagados para evitar una catástrofe financiera y la parálisis de la economía.
Acababa la era Samper y tomaba posesión Andrés Pastrana. Desde el empalme en julio de 1998, ya el Ministro Restrepo estaba enterado que en materia de finanzas le habían entregado la “olla raspada”.
La primera medida fue una devaluación del 9% en agosto, seguida de la presentación de la primera reforma tributaria en septiembre. Para noviembre fue inevitable declarar el “estado de emergencia económica y social”, adoptando medidas excepcionales para evitar la quiebra sistémica del sistema financiero.
Además del déficit fiscal, la tasa de cambio tenía una alta volatilidad, las tasas de interés por encima del 40%, el desempleo crecía al 18% y los créditos de vivienda estaban por las nubes. Sin cómo pagar, los deudores devolvieron sus casas. Cooperativas, bancos y corporaciones de ahorro y vivienda, fueron liquidados, nacionalizados o capitalizados.
Ante esta situación, el Gobierno decretó por 24 horas la emergencia económica y social. Allí nació de manera temporal por un año, el 2x1.000, que gravó toda transacción en el sistema financiero con una tasa del 0,2% para capitalizar el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafin) y con ello generar recursos por $2,5 billones.
Estos recursos eran para salvar cooperativas, bancos y refinanciar las deudas hipotecarias. Al final, la Corte declaró exequible la emergencia, pero no permitió usar el 2x1.000 para ayudar a la banca privada. La vigencia del 2x1.000 se amplió por el terremoto del Eje Cafetero. La economía se encontraba en la antesala de «una verdadera parálisis», explicó en una alocución Andrés Pastrana.
La crisis duró tres años. Para enfrentarla se eliminó la banda cambiaria, se obligó a los bancos a bajar tasas de interés, se solicitó un crédito stand by al Fondo Monetario (FMI), como colchón ante una eventual falta de liquidez externa, se recortó el Presupuesto de la Nación y fueron congelados los salarios estatales en 1999.
“La crisis financiera de 1998 fue la más profunda y costosa de todas las que han tenido lugar en la historia reciente del país. El producto nacional cayó más de 4% en 1999 y los precios de la finca raíz se contrajeron cerca de 27% en términos reales”, sostiene Asobancaria.
A pesar de todo, el rescate financiero no resultó tan costoso ni tan demorado, comparado con las crisis hipotecaria de los Estados Unidos y financiera de Europa.
Lo que el país jamás se imaginó fue lo débil que estuvo el sistema financiero. Sus indicadores se manejaron con prudencia porque hubiese bastado un titular para generar pánico financiero, una corrida de depósitos y una mayor depresión de la economía.
Esa crisis, que exigió medidas drásticas y dolorosas, significó el inicio de la transformación del sistema financiero. Dos décadas después su regulación es más moderna y exige mayor solvencia. Al mismo tiempo, han entrado nuevos jugadores y surgido otros retos, como la innovación y la ciberseguridad.
El costo de la crisis fue de $12,3 billones y lo asumió el Gobierno. La capitalización de la banca privada a través de préstamos llegó a un billón. Hubo quiebras, nacionalización y posterior venta de entidades. Granahorrar fue nacionalizada, luego comprada por BBVA y Bancafé por Davivienda. Se liquidaron los bancos Superior, del Pacífico, Andino, Central Hipotecario, del Estado, Arfín, la financiera comercial Bermúdez y Valenzuela, los bancos cooperativos Megabanco (Coopdesarrollo) y Uconal. La Caja Agraria se cerró y se creó el Banco Agrario de Colombia, hoy único banco público. También se entregaron recursos para el rescate de las cooperativas a Fogacoop. Y en medio de ese panorama, un rumor en Internet casi acaba con la Casita Roja. Fue necesario sacar un comunicado expresando que Davivienda era uno de los bancos más sólidos, que el Ministro desmintiera el rumor en televisión y que el Banco de la República entregara liquidez para evitar que quienes empezaron a retirar sus depósitos masivamente entraran en pánico.